Por Vanesa Armesto*
La relación entre inquilinos y propietarios viene en crisis desde hace unos cuantos años, y en el 2020, con las últimas medidas, se agudizó esta situación, llevándola al límite.
Como toda pareja, que tiene sus crisis, la dupla propietarios-inquilinos no escapa a esta situación. En los últimos tiempos se expusieron más las diferencias entre ellos, que data de años. La nueva ley de alquileres sensibilizó a los propietarios provocando un distanciamiento difícil de remontar.
Los contratos involucran a dos partes, que mediante una serie de cláusulas, ambas se comprometen a respetar y hacerlas cumplir. En definitiva, no es más que un acuerdo entre partes, que claramente nadie está obligado a firmar sin estar de acuerdo.
Bajo esta premisa, los propietarios toman la nueva ley como una suerte de imposición. Los que trabajamos en este rubro sabemos que la nueva ley de alquileres tiene puntos bastantes controvertidos, y que lejos de ayudar a unir a las partes, profundizó la “grieta” existente. Es una ley de poca aplicación para un país como el nuestro, donde la estabilidad suele ser una palabra de poco uso. Una ley que, en la práctica, no es beneficiosa para ninguna de las partes involucradas.
Tengamos en cuenta que el contexto en el que se puso en vigencia esta ley no fue el más propicio. Una pandemia que nos mantenía en aislamiento, y un decreto que congelaba los valores de los alquileres al mes de marzo, suspendía los desalojos y postergaba finales de contratos.
Si nos detenemos a escuchar las bases de los reclamos de propietarios e inquilinos, seguramente encontraremos verdades y lógica en ambos. Lo cierto es que a mi entender estos puntos de discordia poco tienen que ver con cada una de las partes, o al menos no son cuestiones que dependan de alguna de ellas; por citar alguna, las voces de los propietarios pronuncian: “la inversión es demasiada para la baja rentabilidad, los alquileres con el correr del contrato siempre quedan desactualizados por la inflación y la devaluación de la moneda, además con la nueva ley no es posible anticiparse ajustando los valores, incluso se extiende al pasar a ser un mínimo de 3 años en la actualidad.” En cuanto a la registración de los contratos: Argentina es el país de mayores impuestos y carga tributaria de la región, un tema no menor para los propietarios. Por parte de los inquilinos se escucha: “Los propietarios exigen valores que no son acordes a los salarios, no quieren blanquear los contratos, y por esto no es posible descontar ganancias, sumado a que piden demasiados requisitos”.
La realidad es que la tan baja rentabilidad no es culpa de los inquilinos, o que el salario no alcance para vivir dignamente tampoco es una cuestión que se le pueda atribuir al propietario. Es decir, es una relación que tiene conflictos por la toma de medidas urgentes sin someterlas a debate de ambas partes. O por no entender que para tratar una ley, como la de alquileres, hay que escuchar a las dos partes involucradas, y no solo a una. Lo mismo ocurre con el DNU, que al no discriminar entre las diferentes situaciones dentro del mercado de alquileres, iguala en la misma condición a un inquilino vulnerable, de pocos ingresos, con un inquilino de una buena posición económica, que alquila una vivienda en alguna zona de alto nivel adquisitivo, o poner en lugar de vulnerable solo a una de las partes, cuando también hay propietarios, jubilados o con bajos ingresos que esperan el pago de este alquiler para cubrir sus gastos.
Analizando cada situación, el inquilino debe entender que el propietario no es el malo de esta relación, por tener un inmueble de más, ya que gracias a eso, los que no podemos acceder a la vivienda propia tenemos un lugar para habitar, y el propietario tiene que comprender que gracias a que existen los inquilinos, recibe una ganancia por la inversión que hizo al comprar ese inmueble, y que si la rentabilidad que obtiene no es la mejor, no es culpa del inquilino sino de las medidas económicas que imperan en nuestro país.
En resumen, las medidas tomadas solo nos dejaron ante consecuencias negativas, pocos alquileres, precios que superan a la fecha el 62% de aumento, perjudicando una parte muy importante del mercado inmobiliario, medidas tomadas sin el análisis previo que requiere un tema tan importante, poniendo en juego la vivienda de un porcentaje muy amplio de la población. Una nueva prórroga del DNU, bajo estas circunstancias, afectaría aún más esta relación, y a mi entender en nuestra sociedad ya tenemos demasiadas grietas. Los hechos son sagrados, pero las opiniones son libres…
*Vanesa Armesto: Editora periodística de Real Estate Data. Periodista y Corredora inmobiliaria matriculada de Cucicba. Matrícula 1413. Con una trayectoria de 20 años en el mercado inmobiliario. vanesa@realestatedata.com.ar
