Por Vanesa Armesto*
El sector de alquileres, en España, atraviesa una crisis generada por la incertidumbre y la inseguridad jurídica que sienten los propietarios debido a la implementación de medidas regulatorias.
La discusión sobre el control de los alquileres se transformó en un tema recurrente a nivel mundial en los últimos años, y se agudizó con los inconvenientes económicos que dejó la pandemia.
Países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Argentina, tienen una política de regulación de alquileres, sin grandes logros. Un mismo factor, la intervención del estado en acuerdos privados, provoca un conflicto con una misma consecuencia: el retiro de las unidades en alquiler y una suba de los precios en nuevos contratos. Dejando en claro que la regulación no es sinónimo de promover viviendas accesibles.
España vive un momento complicado en este sector; las leyes que comenzaron a regir este año, como el control de precios, o la paralización de los desalojos, empujan a muchos propietarios al retiro de los inmuebles en alquiler, y a derivarlos al nicho de las ventas.
Según los operadores inmobiliarios españoles, hay una alta retracción del mercado de alquileres que no cubre la demanda que cada vez es mayor debido a las dificultades para acceder a viviendas accesibles para la compra.
Como consecuencia de la puesta en marcha de estas dos medidas, y principalmente la de regulación de precios, que interviene los ajustes ya pactados afectando a los contratos vigentes, ya que fue ordenada con carácter retroactivo, un 35% de la oferta de alquileres se redujo en el último año. Dos factores fundamentales que provocan inestabilidad y confusión en los propietarios, que se sienten desprotegidos jurídicamente.
Como ya se pudo observar en otros países con medidas similares, esta situación generó un desequilibrio en la oferta y demanda, con el inevitable aumento de precios, siendo los principales damnificados los inquilinos a los que se les reduce el acceso a la vivienda.
Actualmente, los contratos de vivienda en España son por un plazo de cinco años, muchos propietarios al finalizar sus contratos deciden retirarlos del mercado, prefiriendo incluso tenerlos vacíos que firmar un nuevo contrato bajo los parámetros que regulan precios y estiran los plazos de desalojo en caso de incumplimiento en el pago, más allá de los 8 meses.
*Vanesa Armesto: Editora periodística de Real Estate Data. Periodista y Corredora inmobiliaria matriculada de Cucicba. Matrícula 1413. Con una trayectoria de 20 años en el mercado inmobiliario. vanesa@realestatedata.com.ar
