Por Ing. Fernando Magno*
Análisis de la incertidumbre de las pymes, y del escenario del sector de construcción.
Luego de más de 23 meses de caída ininterrumpida, el Gobierno apuesta a la construcción como una de las locomotoras capaces de reactivar, en el post ASPO, a la muy golpeada economía argentina.
Pero el simple hecho de levantar la restricción a la actividad no produce la puesta en marcha de las obras paradas o el inicio de nuevas en forma inmediata. Hay que sortear muchas dificultades que como siempre afectan especialmente a la PYMES.
Hay indicadores que hablan de reactivación. Por ejemplo, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, informa que en octubre se despacharon 1.132.559 toneladas de las cuales 1.091.549 toneladas se orientaron al mercado local y 41.010 toneladas al de exportación, lo que arroja el crecimiento de 28% respecto al mismo mes de 2019 cuando se totalizaron 1.085.354 toneladas.
Lamentablemente ahora se va a volver a resentir este atisbo de reactivación en razón de un conflicto gremial que obligó a paralizar la producción de cemento al mayor productor nacional de este insumo crítico.
Sabemos que los despachos de cemento son un indicador importante de la marcha del nivel de desempeño de la economía, dado que la construcción es considerada madre de industrias por las actividades conexas que motoriza en el entramado productivo, y es gran generador de empleo en todo el país.
Una de las dificultades, que se ha hecho pública, es la falta de insumos. En forma errónea se adjudica puramente a la “especulación” de fabricantes y proveedores y se recurre a un remedio históricamente fracasado que es la aplicación de la Ley de Abastecimiento 20.680 y a la Resolución S.C.I. 605/20 de reciente sanción.
No se trata de negar que pueda haber cierta especulación, pero las causales de este desabastecimiento están en la disminución de la producción de materiales durante la pandemia y la imposibilidad de poner al 100% la capacidad instalada por la disminución del personal en las plantas, en combinación con una demanda inusitada apalancada en la brecha cambiaria. En la definición también debe considerarse la incertidumbre que genera la inestabilidad macroeconómica a la hora de establecer los precios de los productos, ante la falta de parámetros ciertos, que permitan prever el valor de reposición, de dónde surge la frase “no hay precios” y por lo tanto no se vende.
Muchos materiales tienen precio dólar y ante el recelo respecto al precio de este, es también parte de la respuesta a la falta de abastecimiento. Como ejemplo cabal de estos desequilibrios, podemos valorizar con certeza que los materiales para la construcción de un edificio, según el índice Apymeco, tuvieron un aumento desde enero/20 a noviembre/20 del 82,75%. Este aumento combinado con el valor del dólar fluctuante, también generó que en los últimos dos meses tuviésemos una inflación en dólares del 33,27%.
El índice de la construcción, tuvo en noviembre, el mayor aumento de los últimos cinco años, 13,77% respecto al mes anterior.
Ahora bien, volviendo al punto de la reactivación, es importante marcar que, además de la situación señalada debe sumarse, para la obra privada las dificultades de gestión y permisos de obra, los que ya eran complejos por su absurda burocracia, ahora han empeorado, alargándose los plazos de los trámites administrativos y aumentando sus costos.
Desde APYMECO propiciamos para las obras privadas, mejoras en toda la cadena de costos y de gestión, como por ejemplo, disminuir la burocracia administrativa en el diligenciamiento de permisos y aprobaciones, allanar el vínculo normativo entre los municipios y las provincias, promocionar la baja de la carga impositiva durante todo el período de construcción y hasta su efectiva venta, gestionar créditos a tasas razonables para la etapa de construcción con la sola garantía del bien intervenido y completar este circuito financiero con créditos hipotecarios de largo plazo y ajuste por CVS al usuario final.
Con respecto a la obra pública y las pymes de la construcción, propiciamos que se las incluya en este “redireccionamiento de la inversión pública” hacia la producción y el empleo, deben realizarse licitaciones sin pliegos condicionados ni requerimientos especiales que suelen dejar a las pymes fuera de competencia y fomentar la transparencia en todo el proceso. Asimismo, pueden determinarse, como lo hace la Ley 6021 en la Provincia de Buenos Aires, la obligatoriedad para las grandes empresas de participar de las licitaciones asociado (en forma de UTE o Subcontrato Nominado) a PYMES en un porcentaje no menor del 30% del monto total de la oferta. Es mucho lo que puede hacerse, si realmente es el objetivo, por apoyar a las pequeñas y medianas empresas de la construcción.
Aunque parezca reiterativo, ante la falta de hechos concretos, es necesario insistir en la necesidad de apoyar a las pymes. Recordemos que el 80% de la mano de obra del sector de la construcción es contratado por pymes constructoras. Estas son unidades operativas muy eficientes y están distribuidas en todo el territorio nacional, conociendo las particularidades sociales, culturales y económicas de cada región. Es más, en su gestión productiva promueven actividad en un enorme espectro de proveedores de bienes y servicios vinculados a su cadena de valor. Son capaces de generar empleo formal calificado y no calificado en tiempos exiguos, y su sustentabilidad está directamente relacionada con la sustentabilidad de la zona donde la misma se desarrolla.
Propiciar políticas de promoción, desarrollo, desburocratización en las gestiones y distribución equitativa de la inversión pública, pensando a las pymes de la construcción como protagonistas necesarias, va a facilitar el inicio del círculo virtuoso de la actividad, combinando eficientemente el capital y el trabajo.
*Ing. Fernando Magno, presidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO)
